Hace unos días la Cámara de Senadores ha aprobado la nueva ley de alquileres, la cual establece nuevas reglas, más beneficiosas para el inquilino.
En la normativa reciente en materia de alquileres (DNU 320/20), se abarcaron todos los escenarios posibles en este contexto de ASPO, con el objetivo de no dejar librado a la voluntad del locador las cuestiones que podrían dejar a una familia sin vivienda. En esta oportunidad, no solo se preven cuestiones que benefician al locatario (Parte débil en la contratación), sino que además se establece la creación del Programa Nacional de Alquiler social para la promoción del acceso a la vivienda mediante una locación formal, poniendo especial énfasis en aquellas víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones.
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¿Cuándo entra en vigencia? La misma aún no se encuentra vigente, sino que su entrada en vigencia será a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
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¿A qué contratos se aplica? La misma se aplicará a los contratos que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
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¿Continua vigente el DNU 320/20? Si, el mismo se aplica a locaciones vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020.
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Como contracara, el límite en el porcentaje de aumento de las locaciones y en los plazos, como así también el “blanqueo” del contrato, son cuestiones que generan malestar en el rubro inmobiliario y, más precisamente, en algunos propietarios. Lamentablemente, esto conllevará la suba del precio inicial de las locaciones e incluso algunos propietarios estarían pensando en no alquilar sus propiedades por esta nueva regulación.
En nuestra opinión, la nueva normativa pretende beneficiar a los inquilinos que, debido a la imposibilidad de acceder a la vivienda propia, son cada vez más. Si bien hay descontento de un sector, lo cierto es que la locación de viviendas se ha vuelto casi como un contrato de adhesión, sin posibilidad de negociación alguna por parte de la parte locataria, quien en muchos casos no cuenta con una garantía propietaria, evidenciando el problema de inaccesibilidad a la vivienda propia cada vez más creciente; no contando con los montos solicitados al momento de la firma del contrato que, en muchas ocasiones excede los parámetros razonables y debe afrontar un aumentos de más del 50% anual. La nueva ley de alquileres no soluciona el conflicto habitacional subyacente pero pretende balancear esta situación, posicionando en mejores condiciones a la parte locataria.
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